Esto es lo que se ha llamado “judicialización” o “criminalización” de las luchas obreras y populares.
Esta política se ha desarrollado al máximo durante el kirchnerismo. Cumpliendo lo que en el año 2003 dijo el actual Jefe de Gabinete Aníbal Fernández –en ese entonces Ministro del Interior de Néstor Kirchner-, ante las luchas y movilizaciones populares, “los vamos a esperar con el código penal en la mano”; el actual gobierno de Cristina Kirchner, acompañado por gobernadores y autoridades públicas de otros partidos, han elevado a cerca de 5.000 las causas que actualmente tramitan en distintos tribunales del país.
Los ejemplos de esta política son múltiples y a ella responden la persecución contra el compañero Néstor Segovia y otros luchadores del Subte; la doble persecución penal a la que se pretende someter a los docentes de Ademys por los jueces de Macri en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la promoción de causas penales y civiles contra los militantes de Gualeguaychú para presionarlos a levantar el corte del puente; el proceso al que se encuentran sometidos los trabajadores del Hospital Francés y las persecuciones a los compañeros Fernando Esteche y Martino, entre muchos otros.
Las acusaciones contra los compañeros son siempre las mismas, supuestas amenazas, daños, coacciones, resistencias a la autoridad, cortes de rutas o calles –como si ello fuera un delito-, con todas esas figuras penales se pretende ocultar que estamos en presencia de protestas sociales que no son otra cosa que expresiones concretas del conflicto social que genera la aplicación de políticas y planes económicos profundamente antipopulares y antiobreros al servicio de los grandes monopolios económicos y grupos concretados del poder.
Paralelamente a esta represión, en el marco de lo que puede denominarse política de seguridad, sigue imperando la pena de muerte aplicada, por los mecanismos ya conocidos del “gatillo fácil”, la “ley de la fuga” o los falsos enfrentamientos, todos ellos casos de verdaderos fusilamientos que, como dijimos, significan en la práctica, la vigencia de la pena de muerte aunque la misma este legalmente prohibida por todas nuestras leyes y los tratados internacionales en materia de derechos humanos incorporados a la Constitución. El último de estos casos ha sido el de los tres chicos de Bariloche asesinados por la policía de Río Negro, el primero de ellos, el de Diego Bonefoi, en un claro ejemplo de “gatillo fácil” y los dos restantes, muertos durante la represión de las marchas en protesta por el asesinato de Bonefoi.
De esta manera, el gobierno de los Kirchner, que pretende mostrarse como un ejemplo de respeto a los derechos humanos, es hoy el que más perseguidos sociales, sindicales y políticos ha tenido desde la caída de la dictadura militar en 1983.
Por todo esto es necesario mantener la denuncia contra el gobierno de Cristina Kirchner en este terreno, señalando estas concretas y actuales violaciones a los derechos humanos y continuar la movilización y la lucha por el cierre de todas estas causas el desprocesamiento de todos los luchadores y la libertad de los compañeros detenidos.
Un capítulo importante de esta pelea esta dado por la marcha que se prepara para el 23 de julio desde el Congreso a Plaza de Mayo reclamando estos puntos así como la sanción de un proyecto de ley para prohibir específicamente la criminalización de las protestas sociales, sindicales y políticas.
Libertad a los presos políticos
Cierre de las causas y anulación de las condenas
Basta de represión, torturas y asesinatos a los jóvenes en los barrios
Encuentro Memoria Verdad y Justicia
Marcelo Parrilli - Abogado Derechos Humanos
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